Esta semana en el canal noticias hemos hablado de #fresas, #producción ecológica y de la #Ley de la cadena alimentaria.
Aparece un aumento de precio en los costes de producción que está sufriendo el sector, un incremento que sitúa entre el 25 % y el 30 %, según ha denunciado. Esta subida se está trasladando a los precios que paga el consumidor en los supermercados, una cifra que ronda entre los 5 y 7€.
El precio recibido por el agricultor no difiere mucho con respecto al 2022 y ronda los 2€. Se espera que esta campaña de la fresa en Huelva genere 110.000 contratos de trabajo, de los cuales, más del 50 %, unos 52.000, son de Huelva.
Si se alcanza este objetivo, se podrían ahorrar hasta 4.000 millones de euros en costes ambientales y climáticos causados por las emisiones de nitrógeno y gases de efecto invernadero, según un estudio a largo plazo respaldado por el Ministerio de Agricultura alemán. .
Al comparar los impactos negativos respectivos de la agricultura orgánica y convencional en el clima y el medio ambiente y ponerles un precio, estos costes implícitos de la agricultura son entre 750 y 800 euros más altos por hectárea para la agricultura convencional.
Esta imagen optimista viene con una advertencia importante: la agricultura orgánica aún produce rendimientos más bajos, que su contraparte convencional.
Se deben tomar medidas para ayudar a la agricultura orgánica a ponerse al día porque además es mucho más resiliente frente a los cambios.
El Gobierno ha multado a un total de 55 empresas por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria, que entró en vigor en 2021 y obliga a la transparencia en los contratos e impide vender por debajo de coste.
Entre las sancionadas, con importaciones que oscilan entre los 1.800 y los 14.500 euros, se encuentran grandes cadenas de supermercados como Carrefour o Dia.
La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha hecho pública la primera lista de sanciones firmes a empresas por incumplimientos graves y muy graves de la Ley de la Cadena Alimentaria, entre ellos, retrasos en los plazos de pago, la inexistencia de contratos por escrito o la no inclusión del precio en dichos contratos.
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