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Esta semana en el canal noticias hemos hablado de #fresas, #producción ecológica y de la #Ley de la cadena alimentaria.

Hemos conocido datos que confirman que se mantienen las cifras del año pasado en la campaña de las fresas.

Aparece un aumento de precio en los costes de producción que está sufriendo el sector, un incremento que sitúa entre el 25 % y el 30 %, según ha denunciado. Esta subida se está trasladando a los precios que paga el consumidor en los supermercados, una cifra que ronda entre los 5 y 7€. 

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El precio recibido por el agricultor no difiere mucho con respecto al 2022 y ronda los 2€. Se espera que esta campaña de la fresa en Huelva genere 110.000 contratos de trabajo, de los cuales, más del 50 %, unos 52.000, son de Huelva.

Si hablamos de producción ecológica destacar que la UE tiene como objetivo que el 25 % de la tierra cultivable se cultive de forma ecológica para 2030, de acuerdo con la estrategia Farm to Fork.

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Si se alcanza este objetivo, se podrían ahorrar hasta 4.000 millones de euros en costes ambientales y climáticos causados por las emisiones de nitrógeno y gases de efecto invernadero, según un estudio a largo plazo respaldado por el Ministerio de Agricultura alemán. .

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Al comparar los impactos negativos respectivos de la agricultura orgánica y convencional en el clima y el medio ambiente y ponerles un precio, estos costes implícitos de la agricultura son entre 750 y 800 euros más altos por hectárea para la agricultura convencional.

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Esta imagen optimista viene con una advertencia importante: la agricultura orgánica aún produce rendimientos más bajos, que su contraparte convencional.

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Se deben tomar medidas para ayudar a la agricultura orgánica a ponerse al día porque además es mucho más resiliente frente a los cambios.

La Ley de la Cadena establece la obligatoriedad de formalizar el contrato por escrito en todas las operaciones comerciales, salvo las de precio inferior al indicado por la normativa de lucha contra el fraude (1.000 euros en la actualidad) y las operaciones con pago al contado.

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El Gobierno ha multado a un total de 55 empresas por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria, que entró en vigor en 2021 y obliga a la transparencia en los contratos e impide vender por debajo de coste. 

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Entre las sancionadas, con importaciones que oscilan entre los 1.800 y los 14.500 euros, se encuentran grandes cadenas de supermercados como Carrefour o Dia.

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La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha hecho pública la primera lista de sanciones firmes a empresas por incumplimientos graves y muy graves de la Ley de la Cadena Alimentaria, entre ellos, retrasos en los plazos de pago, la inexistencia de contratos por escrito o la no inclusión del precio en dichos contratos.

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